Por Sofía Gómez
26 / 08 / 2026 | 4 mins de lectura
El gigante tecnológico alcanzó un acuerdo con 47 estados de Estados Unidos para finalizar la demanda por la adicción de adolescentes a Facebook e Instagram.
La medida obligará a la empresa a implementar límites de tiempo, pausas diarias y controles parentales más estrictos para proteger a los menores.
Meta acordó pagar 17 mil millones de dólares y agregar medidas de seguridad infantil a sus plataformas de Facebook e Instagram para poner fin a un juicio histórico sobre la adicción de los adolescentes a las redes sociales y resolver las demandas presentadas por 47 estados, anunciaron los fiscales generales estatales.
California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey figuraban entre los 29 estados que demandaron al gigante tecnológico en 2023. El acuerdo acorta el juicio, en el que se esperaba que el director ejecutivo, Mark Zuckerberg, subiera al estrado ante un jurado en un tribunal federal de California.
El acuerdo asciende a 353 millones de dólares solo en Virginia y es uno de los más importantes en la historia de la protección al consumidor del estado, según declaró el fiscal general Jay Jones.
Jones afirmó que Meta engañó intencionadamente al público sobre las características adictivas que causaron estragos en la salud mental de los jóvenes, y que el pacto pondrá fin a estas prácticas.
“Garantizar que los adolescentes tengan una experiencia segura y productiva en nuestras plataformas es fundamental para Meta. Queremos hacer las cosas bien tanto para padres como para adolescentes.”
Meta afirmó en una publicación de blog que estaba basándose en sus esfuerzos de larga data para empoderar a los padres y apoyar a los adolescentes, asociándose con los fiscales para establecer un nuevo estándar e instando a sus rivales a adoptar medidas similares.
Cabe señalar que la cifra pactada representa solo una fracción de sus ingresos en 2025, que ascenderán a 201.000 millones de dólares.
La demanda acusaba a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar deliberadamente funciones adictivas y ocultarlas.
También argumentaba que infringía las leyes federales al recopilar datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres. El juicio inició la semana pasada en Oakland bajo la supervisión de la jueza federal Yvonne Gonzalez Rogers.
Adam Mosseri, director de Instagram, inició su testimonio defendiendo la trayectoria de Meta y sus avances en seguridad. Además de la demanda federal investigada por una coalición bipartidista de fiscales, nueve fiscales generales presentaron demandas en sus respectivos estados.
En documentos judiciales, Meta llegó a afirmar que las sanciones económicas iniciales en el caso podrían haber alcanzado los 1,4 billones de dólares.
Nuevas medidas de seguridad acordadas por Meta:
- Límites de tiempo: Pausas obligatorias y límite diario de uso.
- Restricciones de horario: Eliminación de notificaciones push en horario escolar.
- Controles mejorados: Verificación sólida de edad y restricción de "me gusta" para evitar la comparación social.
En virtud del acuerdo propuesto, Meta aceptó implementar verificación sólida de edad y controles de contenido apropiados para prevenir el acoso escolar, trastornos alimenticios y autolesiones. También añadirá controles parentales más fáciles de usar y límites en las funciones de comparación social, como la cantidad de "me gusta".
La investigación se originó tras informes periodísticos, el primero de ellos publicado por The Wall Street Journal en 2021, que revelaron que la empresa conocía el daño que Instagram puede causar en las adolescentes.
Aunque Meta había añadido cuentas separadas con más protección, expertos y exempleados sostenían que estas características eran solo una fachada.
Arturo Béjar, exdirector de ingeniería de Meta, declaró en el juicio que la empresa priorizó sistemáticamente los beneficios sobre la seguridad al centrarse en la frecuencia y duración de uso.
"Si se alejan del producto, no van a ganar dinero", señaló Béjar, exponiendo el motivo detrás del diseño de las plataformas.
Meta pactó cerrar el litigio tras la presión de 47 estados, evitando que su directiva enfrentara un veredicto prolongado sobre la salud mental de los menores.
