Por Sofía Gómez
12 / 11 / 2025 | 4 mins de lectura
Casos recientes han reavivado el debate sobre hasta qué punto una publicación personal en redes puede impactar en el ámbito laboral. Un nuevo estudio revela que los equipos de recursos humanos consideran que la actividad en redes sociales personales puede afectar directamente un puesto de trabajo.
Según el estudio Redes Sociales y Empleo de Bumeran y publicado por Forbes Argentina —que encuestó a personas trabajadoras y profesionales de RR.HH. en Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú sugiere que una publicación en redes sociales podría afectar el puesto de trabajo de un trabajador.
En el detalle Ecuador, Perú, Chile y Panamá el porcentaje es por sobre el 50%.
- Ecuador (76%)
- Perú (70%)
- Chile (60%)
- Panamá (53%)
- Argentina (50%)
La delgada línea entre lo personal y lo profesional
El dilema es más común de lo que parece: colegas, jefaturas e incluso clientes que se convierten en “amigos” o “seguidores”. Un estudio de Randstad publicado a mediados de año reveló que la mitad de los encuestados cree que estas relaciones deberían mantenerse exclusivamente en el ámbito profesional.
La conclusión es clara: cuanto más se difuminan las fronteras entre lo laboral y lo personal, más probable es que surjan conflictos, malentendidos o sanciones.
Y es que el impacto de una publicación inapropiada no es solo teórico. Los últimos meses dejaron ejemplos contundentes.
Cuando la red se convierte en tribunal
En Estados Unidos, la polémica en torno al asesinato de Charlie Kirk reavivó el debate sobre la libertad de expresión y el castigo digital.
Tras su muerte, decenas de trabajadores —desde pilotos hasta profesores y periodistas— fueron suspendidos o despedidos por publicaciones consideradas ofensivas en redes sociales.
El vicepresidente J.D. Vance incluso llamó públicamente a “denunciarlos” y “contactar a sus empleadores”.
Según un artículo publicado por la BBC, los casos de despidos por publicaciones en redes sociales en contra de Kirk se extendieron a diversas empresas, tanto públicas como privadas.
Entre los sancionados figura Anthony Pough, miembro del Servicio Secreto, quien perdió su autorización de seguridad tras escribir en Facebook que Kirk “esparció odio y racismo”. El propio director del organismo advirtió que el personal debía “ser la solución, no agravar el problema”.
Empresas privadas siguieron el mismo camino. Office Depot despidió a trabajadores que se negaron a imprimir carteles en honor a Kirk, calificando su conducta como “inaceptable e insensible”.
El caso escaló hasta universidades y medios: la Universidad de Clemson suspendió a dos profesores por publicaciones “inapropiadas”, y el Washington Post habría terminado su relación con la periodista Karen Attiah tras comentarios realizados en la red Bluesky.
Incluso fuera de EE. UU., el impacto se sintió: la Universidad de Toronto suspendió a una académica que escribió que “los disparos son demasiado buenos para muchos de ustedes, fascistas”.
Aunque algunos ven en estas decisiones un atentado a la libertad de expresión, los tribunales laborales norteamericanos suelen fallar a favor de las empresas.
En la mayoría de los casos, los contratos permiten el despido libre y los empleadores tienen amplio margen para actuar ante comportamientos que consideren dañinos para su reputación.
Chile y el nuevo uso legal de las redes
En Chile, la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) actualizó recientemente la normativa sobre licencias médicas tras descubrirse múltiples casos de personas que incumplían sus reposos y publicaban fotos viajando o en casinos durante ese período.
La nueva circular autoriza a las isapres y Compin a solicitar información al Servicio de Impuestos Internos o a la Policía de Investigaciones, y establece que las publicaciones en redes sociales podrán usarse como prueba fehaciente de incumplimiento.
En otras palabras: lo que antes era una publicación casual en Instagram ahora puede transformarse en un antecedente administrativo o laboral.
¿Hacia un nuevo pacto digital?
Los casos recientes, tanto en América Latina como en el resto del mundo, dejan una pregunta abierta:
¿Hasta qué punto las empresas —y los Estados— deben tener acceso a la vida digital de las personas trabajadoras?
La respuesta aún no es clara. Lo que sí parece indiscutible es que las redes sociales ya forman parte del expediente laboral no escrito de cada profesional.
